Habrás visto lo revueltos que andan los funcionarios de la Junta de Andalucía y te preguntarás por qué.
¡Y seguro que has oído que protestan por la reducción de sus sueldos o algo similar!. Pues nada más lejos de la realidad.
Te cuento de forma resumida:
Resulta que el gobierno socialista de Griñán ha aprobado una ley por un procedimiento de urgencia que reestructura la administración andaluza. Esta ley se debería de haber negociado con los agentes sociales andaluces (sindicatos y demás) pero esto no se ha hecho. Para su aprobación se excusa en criterios de eficacia y ahorro en la administración (lo cual es totalmente falso), pero su origen es otro: “EL MIEDO” que se ha instalado en el gobierno andaluz ante las encuestas que predicen que perderá las próximas elecciones locales y autonómicas, y su consecuencia política, que no es otra que la de encontrarse con cientos (miles) de cargos, alcaldes, concejales, diputados provinciales, directores, consejeros, asesores, jefes, afiliados del partido, “amiguitos”, etc. que se verán en la calle sin poder mantener el nivel de vida que llevan hasta ahora y que tienen gracias a todos los impuestos que pagamos los ciudadanos. Así que han pensado en transformar la administración pública andaluza en una empresa privada, una cortijada en la que pueden mangonear a sus anchas sin pasar los controles administrativos, económicos y financieros a los que están sometidas todas las administraciones públicas. De esta forma pueden emplear mediante contratos laborales indefinidos a todos aquellos que se quedarán fuera en las próximas elecciones y mantener a los que ya están dentro de las empresas, institutos, organismos y otros entes públicos que hoy existen y al que han entrado “POR ENCHUFE” o ser "AMIGOS O FAMILIARES DE...". Así, acceder a un trabajo público va a estar reservado para unos pocos privilegiados. De esta forma, aunque cambie el color de los gobernantes en Andalucía, la administración seguirá siendo manejada por los socialistas y sus agradecidos enchufados.
Ahora pensarás que esto ha ocurrido siempre. Pues sí. Pero antes se ha hecho aprovechando los vacíos que dejaba la ley. Ahora es la ley la que permite que esto se pueda hacer descaradamente y a gran escala. Y supone aún más: las tareas que realizan los funcionarios aplicando estrictamente lo que establece la constitución, la leyes y los reglamentos (porque este es su deber), van a realizarse por “mandados” que no van a rechistar cuando reciban una orden, incluso sabiendo que esta no es la correcta. De esta manera, la administración va a actuar con los ciudadanos con distintas “varas de medir” según sean “amigos” o no de los dirigentes, estableciendo así la diferenciación entre ciudadanos de primera y de segunda. Y esto afectará a todos los ámbitos de los servicios públicos: se está empezando por la administración general, pero ya se está preparando para continuar con la sanidad, la cultura, el empleo o, incluso, la educación. Todos los servicios públicos se prestarán por empresas privadas, denominadas agencias, basándonos en los principios que rigen este tipo de empresas, no el interés general que buscan satisfacer las administraciones públicas.
Como ves el tema es bastante serio y los empleados públicos ( funcionarios y laborales) estamos peleando, no sólo por no perder nuestros derechos, si no por el interés de TODOS los ciudadanos andaluces.
Y que no busquen los gobernantes andaluces “organizadores interesados” detrás de nuestras protestas ( en los medios de comunicación dicen que todo es una campaña orquestada por el Partido Popular), porque podrás observar que en las movilizaciones, concentraciones y demás actuaciones que llevamos a cabo, no portamos siglas de ningún partido político o sindicato; somos los propios trabajadores los organizadores.
Para que se entere cuanta más gente mejor del “abordaje pirata” que está llevando el gobierno andaluz con nuestra administración, pasa esta información a toda la gente que conozcas, para que los políticos no consigan engañar y manipular a la opinión pública en un tema tan importante como este.
Un trabajador público andaluz muy indignado.
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